Integrantes de la Comunidad de Paz. Foto: Charlotte Kesl
La <media 6577>Comunidad de Paz de San José de Apartadó</media> en Colombia está entre los tres finalistas al Premio Sájarov que cada año entrega el Parlamento Europeo a defensores de la libertad. La nominación pretende reconocer el "coraje, la resistencia y la dedicación a los valores de paz y justicia" que la Comunidad ha demostrado durante años "en un ambiente de brutalidad y destrucción". Esta candidatura representa un apoyo fundamental para la Comunidad de Paz y para las tantas otras comunidades en Colombia que luchan de manera pacífica para preservar el derecho a la vida en un contexto de conflicto armado.
La Comunidad de Paz vive en medio de una zona de conflicto y cualquier muestra de apoyo y respaldo internacional legitima su modelo de resistencia pacífica y representa una fuerza protectora ante las múltiples amenazas y ataques de las cuales es víctima. PBI ha acompañado a la Comunidad de Paz desde 1999 en un contexto de conflicto armado, período en el que la Comunidad ha adelantado esfuerzos en un ambiente hostil para tratar de preservar la integridad física de sus miembros, reivindicar sus derechos a la verdad, luchar contra la impunidad y desarrollar modelos sostenibles de vida desde lo rural buscando así la justicia social.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha valorado el riesgo de la Comunidad de Paz al dictar, el 9 de octubre del año 2000, medidas provisionales, requiriendo al Estado colombiano que adopte, sin dilación, cuantas medidas sean necesarias para proteger la vida e integridad personal de miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. A pesar de ello, desde la formación de la Comunidad de Paz en 1997, esta lucha ha significado la muerte violenta de cerca de 200 miembros de la Comunidad, 8 de ellos —incluidos un líder de la comunidad junto con dos niños y un bebé— en una masacre perpetrada en febrero de 2005. Como denuncia la misma Comunidad, la gran mayoría de los crímenes cometidos en su contra han quedado en la impunidad.
A parte de las amenazas y ataques, la Comunidad y otros proyectos de resistencia pacífica como las Zonas Humanitarias y las Zonas de Reserva Campesina han sido descalificadas como colaboradoras o simpatizantes de actores ilegales. Las declaraciones públicas difamatorias que provengan de funcionarios estatales o figuras públicas buscan cerrar el espacio para modelos alternativos del campesinado colombiano, deslegitimando sus propósitos. Aún más preocupante es que tales declaraciones, al contrario de lo que pretende la población civil y campesina, la sitúan dentro del conflicto, lo cual la expone a todo tipo de amenaza, hostigamiento jurídico y ataque a sus integrantes. PBI ha alertado sobre este tipo de difamaciones infundadas en contra de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y sus posibles consecuencias a lo largo de los años.