Miembros del Colectivo de Abogado José Alvear Restrepo.

Nueve personas defensoras de derechos humanos asesinadas en Colombia, cuatro desaparecidas y 68 amenazadas  entre Enero y Marzo de 2011 fue el último balance del Programa Somos Defensores, ONG que vigila la situación de las personas que dedican su vida a apoyar a las víctimas de violaciones de derechos humanos[1]. Tales cifras muestran claramente que la defensa de los derechos humanos sigue siendo una actividad de alto riesgo en Colombia. Muchas de las personas defensoras más amenazadas son beneficiarias del Programa de Protección del Gobierno colombiano lo cual significa que son transportadas en carros blindados, cuentan con guardaespaldas y reciben teléfonos celulares, entre otras medidas preventivas,  según el riesgo de cada persona. Sin embargo, muchas organizaciones acompañadas por PBI critican cambios recientes en el Programa,  como la privatización de los esquemas de protección[2] o la suspensión de beneficios como el auxilio de transporte[3] y, sobre todo, la falta de medidas políticas de protección[4].

A causa de las falencias denunciadas del esquema de protección, varias organizaciones —entre ellas el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)— lo devolvieron[5]. CCAJAR envió una carta al presidente Juan Manuel Santos diciendo que las medidas materiales ofrecidas por el Programa de Protección no brindaban seguridad a la organización y que «la ausencia de la implementación de medidas efectivas de carácter político motivan el incremento de la persecución»[6].
¿Qué son las medidas políticas de protección?

Medidas políticas de protección pueden ser estructurales o inminentes, generales o específicas[7]. En el caso concreto de Colombia, las estructurales implican el desmonte de las organizaciones paramilitares, un sistema de justicia verdadera y eficaz sin impunidad, la salida negociada del conflicto armado, soluciones para problemas como la tenencia de la tierra o el respaldo a la labor de las personas defensoras de derechos humanos junto con la no estigmatización de su labor[8]. Medidas políticas de protección generales son, por ejemplo, las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un ejemplo de las medidas políticas de protección específicas es la «Propuesta de Reparación Integral y Colectiva del Pueblo Indígena Kankuamo» en la cual este pueblo indígena trabaja desde el año 2007[9] con el acompañamiento, entre otras, del MOVICE y del CCAJAR y que exige que su reparación sea colectiva e incluya dimensiones espirituales y culturales.

La impunidad, una cuestión central

Un sistema de justicia eficaz representa una medida de protección porque tiene un efecto de prevención y disuasión. Según la Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia (OIDHACO), el 97% de los crímenes por violaciones a los derechos humanos en Colombia quedan en la impunidad[10]. Una tasa tan alta de impunidad obstaculiza el Estado de derecho dado que no hay disuasión ni prevención para no cometer crímenes[11]. Es más, es un estímulo para cometer actos en contra de la ley[12]. Por ende, investigaciones serias y eficaces de las denuncias se pueden considerar como medidas políticas de protección fundamental —las cuales también funcionan como prevención y disuasión[13]— para lograr una mejora de la situación de derechos humanos en Colombia.

La estigmatización

El 21 de febrero de 2005 tuvo lugar una masacre en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó[14] en la cual murieron ocho personas. Justamente un mes después, el propio presidente Álvaro Uribe declaró públicamente que «en esta Comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados por personas que han residido allí de auxiliar a las FARC y de querer utilizar a la Comunidad para proteger a esta organización terrorista»[15]. Desde entonces, la Comunidad de Paz pide que el ex presidente haga una «retractación de las calumnias y restablecimiento del buen nombre y dignidad de la Comunidad de Paz»[16].

No hay duda que tales señalamientos ponen en riesgo a las personas defensoras de derechos humanos[17]. Sin embargo, siguen hasta hoy en día. Por ejemplo, el 23 de abril de 2011, el ex presidente Uribe atacó a través de su cuenta de Twitter en internet al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) y puso en duda su legitimidad[18] acusando a la organización de ejercer la guerra política[19] y de ser enemiga de la seguridad nacional, tal como la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y la Plataforma Colombiana Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo denuncian que ha hecho durante toda su presidencia[20].

Como lo manifiesta el CCAJAR en su carta de respuesta[21], tal declaración significa un riesgo a la integridad física de sus integrantes. Por ende, piden una declaración pública del actual presidente reconociendo el trabajo legítimo de las personas defensoras de derechos humanos. Según miembros del CCAJAR, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), el reconocimiento del trabajo legal y legítimo que realizan estas personas significaría una medida eficaz para su seguridad[22].

El cambio en la opinión pública

Muchos defensores y defensoras de derechos humanos consideran los pronunciamientos públicos por parte del presidente colombiano como el primer paso necesario a tomar en cuanto a medidas políticas de protección. A través de los años, los señalamientos y las estigmatizaciones por parte del Gobierno y otras entidades estatales tienen —además del riesgo que conllevan— impactos negativos en la opinión pública. La Directiva Ministerial 009[23] ordena a la Fuerza Pública que «se abstenga de hacer declaraciones infundadas que puedan exponer la integridad» de las personas defensoras de derechos humanos. Pero mientras haya una impunidad tan alta y no se tomen medidas cuando no se respete esa directiva, los incentivos para cumplirla son pocas. Así que se considera que los pronunciamientos públicos son importantes siempre y cuando también haya un verdadero trabajo de concienciación del funcionariado del Estado colombiano para fomentar la opinión de que la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos es legal y legítima[24]. Por ende, miembros del CCAJAR dicen que «mientras las medidas materiales de protección requieren dinero, las medidas políticas de protección requieren voluntad; es una actitud política que sirve como protección»[25].
Peticiones concretas