En abril de 2003, la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra fue suspendida y en febrero de 2011 el Gobierno colombiano volvió a dar vida jurídica a esta zona que tiene una extensión de 184.000 hectáreas y 8.935 familias beneficiadas.

La fiebre del oro en el Nordeste Antioqueño

El Nordeste Antioqueño es una subregión del departamento de Antioquia ubicada sobre el margen oriental de la cordillera central colombiana y al suroeste de la serranía de San Lucas. Entre montañas, praderas y quebradas se encuentran los 12 municipios que componen esta subregión del departamento de Antioquia[1], una zona rica en producción minera y maderera que ha llamado la atención de algunas empresas multinacionales.

El Nordeste Antioqueño cuenta con grandes extensiones de bosques que albergan una gran variedad de recursos naturales y una gran diversidad de especies silvestres y agua. De hecho, parte de su territorio se encuentra desde 1959 dentro de la Zona de Reserva Forestal[2] del río Magdalena.

Recursos y violencia

La madera y el oro son los grandes recursos a explotar en la región. La explotación artesanal del oro ha sido históricamente la base económica de muchas familias que llegaron a la zona, algunas desplazadas por la violencia de otros territorios y otras en busca de la riqueza minera.

Pero este mineral también ha sido el generador de muchos conflictos que le han costado la vida o el desplazamiento a miles de campesinos. El Nordeste Antioqueño ha sido por décadas escenario de diversos sucesos de violencia que por su intensidad han dejado huella en esta zona y en sus comunidades: masacres, bloqueos económicos, desplazamientos forzados, señalamientos, intimidaciones, torturas, amenazas y ejecuciones extrajudiciales han sido ejercidas por los diferentes actores armados contra la población civil para conseguir apoderarse de la tierra y así también de las riquezas que en ella se generan[3]. Tanto es así que según los censos, desde 1993 hasta 2005 disminuyó la población en el Nordeste Antioqueño: de 172.346 habitantes se pasó a 169.713[4], lo que confirma los efectos del desplazamiento forzoso y los asesinatos y desapariciones generados por los grupos armados[5].

Proyecto minero

El proyecto gubernamental «Visión 2019, Colombia País minero» se centra en hacer del Estado colombiano un referente mundial en extracción minera bajo el paraguas legal del recién reformado Código minero[6]. Dicha Ley promueve la inversión extranjera para la explotación minera, la posibilidad de expropiación de tierras para el desarrollo minero, la declaración de ilegalidad de la pequeña minería e impone un periodo de cinco años (contados a partir de 2010) al Gobierno nacional para que haga las sustracciones de Reservas Forestales que sean necesarias para que se pueda desarrollar la industria minera[7].

Según el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas), en el año 2007 el 73,73% de la producción nacional de oro provenía del departamento de Antioquia[8] y, de ésta, entre el 70 y el 80% salió de los municipios de Segovia y Remedios[9]. Según estos datos no es de extrañar que el proyecto «Visión 2019, Colombia País minero» pretenda que el distrito minero[10] del Nordeste Antioqueño sea el principal distrito minero nacional, pasando de 21.977 kg de oro en 2005 a 88.382 kg en 2019[11]. Estos resultados se obtendrían incrementando aún más la explotación minera por parte de grandes empresas multinacionales y reduciendo la minería artesanal ahora criminalizada, lo que para algunas voces constituye una estrategia para sacar del terreno a la población local y hacer más fácil la introducción de la producción masiva o megaminería[12].

Títulos mineros en el Nordeste

En este sentido, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquía (Corantioquía)[13] adelanta un proyecto denominado «Ordenación Forestal Sostenible de la Zona de Reserva del Magdalena Medio» que en el Nordeste Antioqueño incluye a los municipios de Remedios y Segovia y cuyo objetivo es «apoyar las operaciones de sustracción en la zona de reserva y la legalización de la propiedad privada hasta obtener una zona de propietarios que puedan acceder a los múltiples beneficios del Estado»[14]. El actual Código minero considera ilegal la minería artesanal y exige a los mineros artesanales un título minero para continuar con la actividad que llevan ejerciendo por años, pero al solicitarlo encuentran que sus territorios ya han sido pedidos en concesión por grandes compañías[15]. Esto supone que por ejemplo tierras que durante más de 50 años no han sido otorgadas al campesinado a pesar de vivir y trabajar en ellas, estén siendo entregadas a empresas multinacionales que en algunos casos incluso gozan del derecho de exploración y explotación del subsuelo[16]. Es el caso de municipios como el de Remedios donde hay otorgados 90 contratos de concesión minera, 23 licencias de explotación, 16 licencias de exploración y están en proceso 164 propuestas de contrato de concesión minera[17].

En la actualidad hay al menos 12 empresas que cuentan con títulos de exploración y algunas incluso de explotación minera en la zona y en su mayoría son multinacionales de Canadá[18], Estados Unidos y Reino Unido.

Ausencia estatal

A pesar de que los beneficios que producen estos recursos naturales podrían ser una fuente de riqueza y de desarrollo social en la realidad colombiana existe una «relación directa entre los proyectos de gran minería transnacional y el atraso, el hambre y la miseria de la población»[19]. Prueba de ello son los altos índices de personas que viven en la pobreza (38,9%) y en la miseria (45,1%) en el Nordeste Antioqueño[20] y el incremento del grado de concentración de la tierra[21] lo que inevitablemente va ligado a violencia y desplazamiento[22].

También contrasta que esta riqueza en recursos naturales no conlleve una inversión social por parte del Estado: servicios básicos tales como agua potable y luz eléctrica, así como la atención sanitaria y educativa, son inexistentes en esta zona[23].

Zona de Reserva Campesina

Ante esta situación en la región, los pequeños mineros se han organizado en comités junto a la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) que han trabajado por el levantamiento de la suspensión de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra.

En abril de 2003, la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra fue suspendida y en febrero de 2011 el Gobierno colombiano volvió a dar vida jurídica a esta zona que tiene una extensión de 184.000 hectáreas y 8.935 familias beneficiadas[24].

La reactivación de la zona significa que pueden ejercer su derecho al uso y tenencia de la tierra de manera colectiva, lo cual se opone a la expropiación de ésta a manos de las transnacionales.

La Zona de Reserva Campesina es una figura legal reconocida en la Ley 160 de 1994 y supone el establecimiento de un marco territorial en el que comunidades campesinas y mineras pueden diseñar un plan de desarrollo dirigido a garantizar su vida digna, la satisfacción de los servicios básicos, la titulación de los predios campesinos, el impulso y estabilización de la economía campesina y de los pequeños mineros y la protección de los recursos naturales y el medio ambiente[25]. Por su parte, el Estado está obligado a respetar el territorio campesino frente a los diferentes grupos armados tanto legales como ilegales y reconocer el territorio como colectivo, impidiendo la explotación de sus riquezas por parte de las empresas privadas.

La población campesina de la región, agrupada en distintas organizaciones y asociaciones sigue luchando por ella persiguiendo un sueño que ahora más que nunca parece acercarse a la realidad.