Leonardo Jaimes Marín, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP).

Leonardo Jaimes Marín: «La mejor manera de responder a una amenaza es continuar con el trabajo»

Leonardo Jaimes Marín lleva 11 años laborando como abogado defensor de derechos humanos y siempre ha estado al servicio de las causas populares y de las comunidades excluidas. Entre los años 2001 y 2006 fue abogado en la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y desde 2007 forma parte de la <media 6548>Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP)</media>. Él afirma que siempre le ha conmovido el nivel de injusticia que vive Colombia y su profesión ha sido puesta al servicio de aquellas personas que son objeto de persecución por parte del Estado. Actualmente, Jaimes Marín además de defender presos políticos, lleva la representación jurídica de tres víctimas de una presunta ejecución extrajudicial, por la cual se encuentran detenidos diez integrantes de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la V Brigada del Ejército con sede en Bucaramanga (Santander)[1]. Los hechos ocurrieron en marzo de 2008 cuando, según el abogado, «tres humildes celadores fueron subidos a la fuerza en un vehículo en un barrio de Bucaramanga y pocas horas después aparecieron como muertos en combate». Por asumir la representación legal de los familiares de las víctimas en este caso, Jaimes Marín ha recibido amenazas. En octubre del año pasado un hombre, identificado como desmovilizado de un grupo armado ilegal, entró a la oficina de Jaimes Marín y anunció que hablaba en nombre del GAULA del Ejército. El abogado explica que en una extendida conversación el hombre comentó a Jaimes Marín «que había una orden de arriba» de atentar en contra de su vida si se dictara una sentencia condenatoria en este caso judicial[2]. No es el único caso delicado que lleva este abogado. «Eso genera que nosotros estemos expuestos a cualquier acto de agresión física», comenta Jaimes Marín que también asegura que a pesar de las amenazas «por ningún motivo la labor en la defensa de las personas víctimas de crímenes de Estado puede paralizarse». Por ello afirma que «la mejor manera de responder a una amenaza es continuar con el trabajo». Los miembros del FCSPP tienen medidas cautelares proferidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. PBI acompaña al Comité desde 1998.