Liliana Ávila, Comisión Intereclesial Justicia y Paz (CIJP).

Liliana Ávila, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Liliana Ávila trabaja en la parte jurídica de la <media 6530>Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP)</media>, organización que acompaña a comunidades víctimas de crímenes de lesa humanidad. Especializada en Derecho constitucional, Liliana Ávila está a cargo de varios procesos.

El más emblemático es el caso en contra del general retirado del Ejército Rito Alejo del Río por el homicidio de Marino López, campesino de la cuenca del río Cacarica asesinado en 1997. La versión de la acusación contra Alejo del Río es que López fue decapitado por paramilitares mientras que de manera simultánea se llevaba a cabo un gran operativo terrestre y aéreo con bombardeos —conocido como Operación Génesis y comandado por Alejo del Río— que condujo al desplazamiento masivo de más de 10.000 campesinos[1]. Ávila también representa a las víctimas en un caso de ejecuciones extrajudiciales de tres campesinos en Inza[2] (departamento del Cauca). Además, es representante de las víctimas en el caso del asesinato del líder de restitución de tierras en el Urabá, Oscar Maussa, en noviembre de 2010[3].

«Nuestro trabajo toca puntos estructurales de impunidad. En consecuencia eso conlleva a que nadie de los integrantes de CIJP esté cien por ciento tranquilo, especialmente los abogados que son las cabezas visibles», comenta Ávila. La abogada junto con varios integrantes de la Comisión recibió dos amenazas directas desde 2008[4]. «Hay un asunto particularmente violatorio al derecho a la dignidad y a defender los derechos, es toda la campaña de desprestigio que se sigue contra CIJP. Nos dedicamos al derecho a la vida y nos acusan de ser asesinos».

Todos los integrantes de CIJP gozan de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2003, lo que significa que los miembros cuentan con esquemas de protección. Liliana Ávila subraya: «Lo más importante para la protección es que se rompa el manto de impunidad y que se desmantele la estructura criminal que robó las tierras y que sacó a sangre y fuego a los campesinos. Si no, las amenazas en contra del trabajo de CIJP y nuestra labor de defensa de los derechos humanos siempre va a ser un factor de riesgo». 

A pesar del ambiente hostil para ejercer su trabajo de defensora de derechos humanos y los impactos psicológicos que conlleva tal situación, esta abogada encuentra un motor en la dignidad de las personas acompañadas por CIJP: «Siempre digo que en este trabajo terminamos conociendo lo peor y lo mejor de la humanidad, lo más vil pero también lo más fraterno y solidario».