Ravelo y otros miembros de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) han tenido que soportar amenazas durante los últimos cinco años.

David Ravelo ha recibido varias amenazas entre mayo y julio de este año a través de su familia. Uno de sus hijos recibió varias llamadas advirtiéndole que iban a matar a su padre, que se preparara para su funeral y, en otra, diciéndole que ya lo habían asesinado[1]. También informaron por teléfono a su suegra que existe la orden de asesinar a Ravelo[2]. «Están ubicando a mi familia, la parte más sensible, con el objeto de mantenerme en una constante incertidumbre» es el análisis que hace David Ravelo al respecto[3]. David Ravelo hace parte de CREDHOS en Barrancabermeja y ha realizado innumerables denuncias en torno a ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, desplazamientos y desapariciones forzadas en la región del Magdalena Medio. Durante los últimos cinco años, él y otros miembros de CREDHOS han recibido varias amenazas a través de llamadas telefónicas, panfletos y correos electrónicos[4].

Desde el año 2000 él y otros miembros de la junta directiva de CREDHOS cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. David Ravelo tiene a su disposición tres escoltas y un carro blindado y reconoce que ha servido hasta cierto punto para desarrollar su trabajo. Sin embargo, destaca que la protección no se puede quedar solamente en lo material y subraya que se necesita el apoyo público y político de las autoridades estatales para disuadir futuros ataques[5]. Reconoce que la labor de PBI ha sido esencial y que «es una especie

de blindaje de CREDHOS, superior al que tenemos nosotros en las puertas porque es el blindaje político, es el acompañamiento que ha permitido aumentar la cobertura de CREDHOS»[6].

La situación de derechos humanos sigue crítica en la región. La Defensoría del Pueblo enfatiza que «durante los últimos meses ha sido de conocimiento público la intensificación de las amenazas y hostigamiento contra defensoras y defensores»[7].

Destaca que «el principal escenario de riesgo […] continúa siendo la presencia de las nuevas estructuras armadas ilegales emergidas con posterioridad a la desmovilización de las autodefensas». Se refiere a «Los Rastrojos» y «Los Urabeños», grupos que según este informe están en una disputa territorial «por el control de la economía lícita e ilícita de la región del Magdalena Medio, de las rutas del narcotráfico (puertos de embarque, transporte de precursores químicos y derivados de la coca), el lavado de dinero, el cobro de extorsiones y el hurto de combustible»[8].

Hay un alto costo que tienen que pagar quienes realizan una labor visible en pro de los derechos humanos. Según David Ravelo, hay un impacto psicológico que afecta al núcleo familiar y al entorno humano e implica muchas limitaciones de orden social que también se manifiestan en enfermedades. A pesar de todo esto, David Ravelo y muchas otras personas defensoras de derechos humanos insisten en apoyar a las víctimas del conflicto armado colombiano porque «tenemos de nuestro lado un elemento que es esencial para los nuestros: la verdad y frente a ello estamos persistiendo en la noble causa de los derechos humanos».