La Alianza para Abogados en Riesgo
Los abogados y abogadas que ejercen en la mayor parte de los países de Europa occidental y los Estados Unidos dan por sentado que su trabajo no compromete su integridad física. Para ellos es impensable que pudieran estar amenazados por el solo hecho de hacer su trabajo bien sea como representantes de individuos o de demandas colectivas o bien enfrentando a instituciones públicas o a empresas poderosas.
Muchos abogados jóvenes llegan a la profesión movidos por su creencia en la bondad inherente del Derecho y en la importancia del Estado de derecho en una sociedad justa y equitativa. El concepto ad honorem es importante y se refiere a situaciones en que los abogados realizan trabajo jurídico para el bien público sin cobrar honorarios.
En los años recientes, el Grupo Nacional de PBI en el Reino Unido ha entrado en contacto con muchos miembros de la profesión jurídica británica que se han convertido en fervorosos colaboradores de PBI, especialmente de su acompañamiento en el terreno a abogados amenazados. Muchos han decidido dar su tiempo ad honorem para apoyar a estos abogados.
El Comité de Asesoría de Abogados para PBI del Reino Unido (LAC, por sus siglas en inglés) está formado por abogados, académicos de derecho y un juez de casación en retiro. Desde el año 2007, el Comité ha ayudado al Grupo Nacional de PBI a desarrollar su relación con la profesión jurídica y ha adelantado importantes iniciativas, incluyendo tres visitas a Colombia y a México. Estas delegaciones independientes viajaron a las regiones donde trabaja PBI e investigaron los retos que enfrentaban las abogadas y abogados y a su regreso presentaron informes al Parlamento británico.
La Alianza para Abogados en Riesgo es el más reciente proyecto desarrollado con el apoyo del LAC. El propósito de esta Alianza es permitir que abogados particulares puedan apoyar a los abogados amenazados o a los defensores de derechos humanos que trabajan en aspectos jurídicos. Esto puede hacerse a través de trabajo práctico ad honorem aplicando su conocimiento profesional, su experiencia y sus redes de trabajo con el fin de brindar asistencia o sensibilizar, o también a través de donaciones para que PBI pueda seguir ofreciendo acompañamiento de protección a defensores de derechos humanos que trabajan en pro del Estado de derecho y que enfrentan la impunidad.
PBI del Reino Unido inauguró la Alianza en las oficinas de Londres del bufete de abogados Simmons and Simmons el 10 de noviembre de 2010. Cerca de 120 profesionales jurídicos y colaboradores asistieron al evento que fue inaugurado por Dominic Grieve, Fiscal General en Inglaterra, y Alirio Uribe Muñoz, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) en Colombia. Sesenta académicos del campo jurídico, jueces, abogados y bufetes de abogados de Londres apoyaron la iniciativa haciéndose miembros fundadores y muchos más se sumaron al evento de inauguración.
Los miembros de la Alianza ya han adelantado algunas acciones en relación con un caso emblemático que tiene implicaciones significativas en la lucha contra la impunidad y a favor del Estado de derecho en México.
En noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco a través de una sentencia que ordenaba, entre otras cosas, la reforma del Código de Justicia Militar[1]. El objetivo de esa sentencia era garantizar que las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas mexicanas no fueran investigadas ni tratadas en tribunales militares. Dicha sentencia también ordenaba investigaciones oportunas y efectivas sobre la suerte y el paradero de Radilla.
Esto fue recibido como una gran victoria por parte de la familia de Radilla y por los familiares de otras víctimas de desaparición forzada en México, quienes durante años han soportado amenazas en su lucha por la justicia. Sin embargo la sentencia no se cumplió durante el transcurso del año 2010 y el júbilo inicial terminó en decepción conduciendo a protestas en México e internacionalmente.
Los miembros de la Alianza instaron a que México cumpliera con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Miembros del Colegio Internacional de Abogados, la Sociedad Jurídica (The Law Society), el Comité de Derechos Humanos de los Colegios de Abogados de Inglaterra y Gales (BHRC, siglas por su nombre en inglés) y el Grupo Internacional de Abogados de Derechos Humanos (SIHRG, por sus siglas en inglés) escribieron al Gobierno mexicano exponiendo argumentos legales detallados en favor del cumplimiento de dicha sentencia con referencia al derecho nacional e internacional.
La colaboración con la Alianza no se limita a los profesionales británicos del derecho. El Grupo Nacional de PBI en Estados Unidos está desarrollando un proyecto similar y espera que abogados de todas partes del mundo —quienes tienen la posibilidad de trabajar en condiciones seguras— puedan participar apoyando a sus colegas que trabajan en condiciones de riesgo en otras partes del mundo.
Trabajando juntos de esta manera esperan contribuir a fortalecer la lucha contra la impunidad caminando hacia un mundo más seguro para las personas defensoras de derechos humanos y la ciudadanía de todas partes.
«Creo que esta red de trabajo es un valioso recurso para la comunidad jurídica internacional» Gabriela Knaul, Relatora Especial de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados
[1] «Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos», CIDH, 23 de noviembre de 2009