México D.F., 11 de marzo 2014. En una conferencia de prensa llevada a cabo el día de hoy en las instalaciones del Centro Prodh, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, organización de Ciudad Juárez acompañada por PBI, llamó el Estado mexicano a reparar integralmente el daño a los cinco hombres víctimas de tortura y detención arbitraria por el caso “coche bomba”. Los cinco jóvenes fueron liberados el viernes, 7 de marzo, después de tres años y medio detenidos bajo la acusación de crimen organizado. El CDH Paso del Norte también pidió la sanción a los agentes de la Policía Federal responsables por la tortura de los cinco detenidos.
Diana Morales, abogada de Paso del Norte y representante de las víctimas, recordó el difícil proceso que tuvieron que enfrentar las familias en búsqueda de justicia para los jóvenes, que sufrieron tortura al momento de su detención y arraigo durante 80 días. Dr. Javier Enríquez, del Colectivo contra la Tortura e Impunidad (CCTI), explicó la tortura sufrida por los detenidos y como fueron obligados a firmar confesiones de delitos. Según Enríquez, la tortura ha provocado estrés pos-traumático en las víctimas, que todavía sufren de las consecuencias de su experiencia. También puntualizó que las tres veces que se aplicó el Protocolo de Estambul a los detenidos, se comprobó la tortura.
Diana Morales explicó que el CDH Paso del Norte, tras un proceso de diálogo con la Procuraduría General de la República (PGR), logró un compromiso del Procurador Murillo Karam para la liberación de los detenidos caso fuera comprobada la tortura a través de la aplicación del Protocolo de Estambul. A raíz de este compromiso, los cinco jóvenes fueron liberados la semana pasada.
El CDH Paso del Norte llama la PGR a no abandonar el caso y a implementar cabalmente la recomendación hecha por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el mismo. También llamó el Estado mexicano a abolir la práctica de la tortura de su sistema de justicia y a garantizar que jueces no acepten declaraciones obtenidas bajo tortura. Pidió la eliminación de la figura del arraigo y la no repetición de hechos como esos.
PBI felicita a CDH Paso del Norte, a los cinco detenidos y a sus familias por este importante logro y por la liberación de las víctimas. PBI llama el Estado mexicano a aceptar las recomendaciones internacionales en cuanto a tortura y arraigo en el país y a garantizar la reparación del daño a las víctimas. Asimismo, PBI llama el Estado a garantizar la seguridad de las y los integrantes del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte en este momento sensible, así como a garantizar la seguridad de los liberados, Rogelio, Noé, Ricardo, Victor y Gustavo, y de sus familias. PBI acompañó a Paso del Norte durante la conferencia de prensa de hoy y estará dando seguimiento cercano a la situación de seguridad de la organización y de los cinco jóvenes.
Antecedentes
El 6 de agosto de 2010 la Policía Federal Preventiva (PFP) detuvo a cinco jóvenes – Noé Fuentes Chavira, Rogelio Amaya Martínez, Ricardo Fernández Lomelí, Víctor Manuel Rentería y Gustavo Martínez Rentería – y los presentó ante los medios como los culpables de la explosión de un coche bomba en la colonia Exhipódromo de Ciudad Juárez. El atentado mató tres policías y un civil, dejando además una decena de heridos. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal asumió que el hecho se dio como retaliación de “La Línea” por la detención de uno de sus líderes, Jesús Armando Acosta Guerrero, “el 35”.
Los detenidos fueron torturados, arraigados y luego enviados a cárceles en Nayarit y Veracruz mientras el proceso se desarrolló en el estado de Jalisco, alejándolos de familiares y representantes legales. Encima, durante el proceso los cargos con que se acusaban a los cinco detenidos se cambiaron, ilustrando así una clara incapacidad para sustentar las acusaciones iniciales.
A fines de 2011 la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó la recomendación 75/2011 donde refería que “fueron detenidos (…) sin que les fuera mostrada orden emitida por la autoridad competente”, reconocía la tortura a que fueron sometidos y mencionaba que “transcurrieron más de 40 horas entre el momento de la detención y su presentación ante la autoridad ministerial” sin que se supiera donde se encontraban. Finalmente, la CNDH pedía a la SSP “que se tomen las medidas necesarias para que se reparare el daño a las víctimas”.
La confirmación de tortura luego que se aplicó el Protocolo de Estambul por la tercera vez – ya en enero de este año – llevó a que la PGR, por acuerdo del Procurador Murillo Karam, desistiera de los cargos y que finalmente en marzo los jóvenes pudieran regresar a sus familias, quienes se volvieron también víctimas de este proceso.