El carácter fronterizo de Baja California Norte (Baja California) con los Estados Unidos (EUA) y el amplio mercado agrícola han motivado la afluencia de migrantes internos, principalmente desde comunidades de Oaxaca o Guerrero. Llegan como mano de obra barata para trabajar en las haciendas y ejidos de la región. Los migrantes indígenas confluyen además con los pueblos originarios de Baja California. Estos están integrados por cinco etnias descendientes de un tronco común, los yumanos, y todas ellas se encuentran entre las de mayor riesgo de extinción del país según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
A ellos se suman las y los inmigrantes centroamericanos y deportados, nacionales e internacionales. Organizaciones de derechos humanos en el estado como la Coalición Pro Migrantes, o el Albergue en el Desierto y la Casa del Migrante Scalabrini, ofrecen apoyo legal para las demandas de sus derechos laborales, asistencia humanitaria, o litigan por el cumplimiento de los acuerdos de las autoridades de migración entre los Estados Unidos y México.
Pero las problemáticas de derechos humanos en Baja California son aún más diversas: desapariciones, desalojos y abusos de la fuerza pública contra indígenas comerciantes, casos de tortura y detención arbitraria, trata sexual de mujeres o las graves condiciones de la población reclusa.
Integrantes del proyecto PBI México visitaron entre julio y agosto dos de las ciudades principales del estado en la frontera con EUA, Tijuana y Mexicali, para conocer el contexto y las dificultades de las personas defensoras, así como su labor. Advirtieron a PBI de la indiferencia y la falta de sensibilidad ante las problemáticas sociales y de derechos humanos por parte de las autoridades y de los medios de comunicación, así como la falta de sensibilización de la sociedad sobre estos temas.
La demanda de consulta previa de los Cucapá
Los Cucapá son una tribu indígena asentada en ambos lados de la frontera entre EUA y México. Junto a Cochimies, Kiliwas, Kumiais y Pai Pais, es una de las cinco etnias nativas del estado de Baja California. Este pueblo originario, conocido también como la “gente del Río” por estar establecidos en los márgenes del Rio Colorado, basa su sustento económico en la pesca, actividad ligada también a sus raíces culturales. Debido al desarrollo de la región, la comunidad se vio obligada a trasladar las actividades pesqueras al delta del río Colorado, al noreste del estado de Baja California. Actualmente, la comunidad cucapá de este estado la constituyen poco más de 300 personas que habitan en el municipio de Mexicali.
La construcción de presas como la Hoover en los Estados Unidos, en la década de 1930, provocaron ya transformaciones en el hábitat de la región. La obra afectó al caudal del río y desplazó a los Cucapá hacia el sur. Antes de la construcción de esta presa, el caudaloso río Colorado fluía normalmente desde las montañas Rocallosas, en Utah, hasta el Mar de Cortés, explica Ricardo Rivera de la Torre, secretario de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) – organización que lleva el caso de los Cucapá ante instancias nacionales e internacionales – y experto en la materia.
A partir de 1993, con la creación de la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, las autoridades de Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) – a través de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (CONANP) y de la dirección de la reserva de la biosfera en cuestión – crearon legislaciones medioambientales para la conservación de los ecosistemas sin una consulta previa a los Cucapá. La reserva se estableció en territorio considerado por la comunidad como ancestral (en la Zona Núcleo de la reserva) donde milenariamente habían vivido y pescado. “Entonces, a partir del 93, los Cucapá empiezan un viacrucis que no ha terminado hasta la fecha. ¿Por qué? Porque aplicando el decreto a la reserva de la biosfera se emite un programa de manejo de la reserva y ahí se impide a los indígenas realizar lo que siempre habían realizado para subsistir: pescar.”, asegura el abogado Rivera1.
Los indígenas cucapá, organizados en cooperativa, demandan desde entonces sus derechos como pueblo originario: su autonomía, usos y costumbres y el acceso a los recursos naturales. En 2002, tras presentar una queja, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 008/2002 en el caso de los Cucapá. La CNDH reconocía al pueblo como ancestral de acuerdo al artículo 2 de la Constitución Mexicana, así como su relación cultural con la pesca. En el documento, la CNDH solicitaba a la Semarnat y a la Secretaría de Agricultura modificar y aplicar las políticas que permitían a los cucapás ejercer su derecho de pesca en la zona núcleo de la reserva, puesto que la ley – Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) – no lo prohibía de forma estricta.
A pesar de estas recomendaciones, los cucapás siguen sin tener un espacio exclusivo para pescar aunque sí mantienen sus actividades. Se les acusa de estar capturando una especie en peligro de extinción, la curvina golfina, sin embargo, alegan que dicha especie no está en tal situación y que la cantidad capturada por los cucapás no tiene un impacto sobre su supervivencia, por el contrario, afirma el abogado Rivera: “se ha documentado que pescadores del golfo de Santa Clara, en un sólo día, han sacado más de 1000 toneladas. Y los cucapás en 6 meses sacan 300 toneladas”2.
Los integrantes de la CCDH denuncian que los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), organismo encargado de velar por las especies protegidas, utilizan elementos del ejército y de la Secretaría de la Marina para acompañarles durante las inspecciones. “Son los militares los que intimidan, acosan a los indígenas para que no entren a pescar”3.
La CCDH ha presentado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En una audiencia celebrada en octubre de 2008, reclamaron ante este organismo la previa consulta y participación libre e informada del pueblo Cucapá, con el objetivo de que sean modificados el decreto que crea el área natural protegida y el programa de manejo de la reserva, la LGEEPA y su reglamento, así como el acuerdo por el cual se establece la veda de curvina en las aguas de jurisdicción federal.
Por ahora, la Comisión Ciudadana procura agotar las vías jurisdiccionales nacionales. Este año interpuso un recurso de amparo para “invocar las reformas constitucionales en materia de derechos humanos del año pasado”4. La Comisión no cree que el problema se resuelva en el corto plazo, sin embargo, el hecho de que se hable de los cucapás en instancias internacionales para ellos ya es un éxito. Dice Rivera que solo ve dos vías para cerrar el caso: “La primera, cuando el gobierno entienda, atienda y resuelva este problema, y lo respete; esa es una forma, y pueden pasar años. La segunda, cuando el último de los cucapás deje de existir.”5
San Quintín: la tierra del trabajo
El Valle de San Quintín, a unos 200 kilómetros hacia el sur de la ciudad de Ensenada y a unos 300 de la frontera con Estados Unidos, destaca por el desarrollo de la industria agrícola y el empleo de tecnología de punta en la producción de hortalizas para la exportación. A su vez, los altos niveles de inversión y de producción contrastan con las condiciones de extrema pobreza y la malas condiciones laborales, especialmente si se trata de mujeres indígenas migrantes.
Allí se concentran cada temporada decenas de miles de personas, en su mayoría provenientes de comunidades oaxaqueñas y guerrerenses que atraviesan el país para trabajar como jornaleros y jornaleras agrícolas. Además de los bajos salarios, la situación de hacinamiento y las condiciones de insalubridad, hay patrones que aún mantienen prácticas propias de la época del porfiriato como las tiendas de raya (lugares de abastecimiento propiedad del contratante, donde venden o “fían” a las y los trabajadores alimentos y artículos y que les va generando una deuda impagable).
Aproximadamente la mitad de las personas jornaleras son mujeres6. La directora del Colectivo para la Promoción del Desarrollo Integral (Coprodi), Diana Briseño Robles, señala que ellas son además víctimas de violaciones sexuales, feminicidios y en ocasiones obligadas a trabajar en un estado avanzado de su embarazo. El Coprodi, integrado por 20 organizaciones de derechos humanos, trabaja en el Valle de San Quintín con las mujeres migrantes.
La organización, con sede en Ensenada, litiga casos de trata de personas y explotación laboral en el municipio, con un enfoque específico de género. Su preocupación principal se centra en el acceso a la salud y otros servicios básicos. Actualmente está diagnosticando los avances del cumplimiento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a nivel regional y estatal. Aunque Diana reconoce que el Decreto de la Ley para el estado de Baja California7 y programas como el PAIMEF (Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres) han supuesto avances en la materia, observa una falta armonización administrativa y en la aplicación de los tratados internacionales, como la Convención Belém do Pará, el convenio 169 de la OIT o la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
El convenio establece obligaciones al Estado mexicano y, en consecuencia, a Baja California para la protección de las mujeres y de sus derechos humanos. Éste hace especial hincapié en “la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada”8. Para Coprodi es esencial que las políticas públicas para la aplicación de la ley apliquen una perspectiva de género y de interculturalidad.
PBI agradece el tiempo y la disposición de las y los defensores9 que tuvieron para compartirnos su trabajo y sus desafíos, y exhortamos a las autoridades10 a tener una mayor atención hacia el trabajo que estos ciudadanos están desarrollando en el estado, para protegerles su integridad y fortalecer estas iniciativas civiles que buscan que las condiciones de vida de los baja californianos sean dignas y apegadas a la justicia.
1Entrevista con integrantes de la CCDH, 20 de julio de 2012.
2Ibid.
3Ibid.
4En junio de 2011 el Presidente de la República Mexicana promulgó la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, elevando a rango constitucional los derechos humanos protegidos por los tratados internacionales ratificados por México y estableciendo la obligación de todas las autoridades de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, entre otras medidas.
5Entrevista con integrantes de la CCDH, 20 de julio de 2012
6Para más información acerca de los migrantes del estado de Guerrero que trabajan como jornaleros agrícolas en el norte de México puede consultar el informe Migrantes somos y en el camino andamos, elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Tlapa de Comonfort, Guerrero (México), noviembre de 2011.
7La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California fue aprobada en 2008 de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
8Convención Belém do Pará, Art. 9, www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html.
9Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Albergue en el Desierto, Coalición Pro Migrantes, Blanca Mesina, Casa de migrante Scalabrini, Centro Binacional de Derechos Humanos, Asociación Ciudadana contra la impunidad, Comisión de familiares internos y ex internos del sistema penitenciario, Corredor Bilateral, Unidos en Apoyo a Grupos Vulnerables, Colectivo para la Promoción del Desarrollo Individual y la periodista Lorena Rosas Chávez.
10Representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California, de la Policía Federal en Baja California, de la Subprocuraduría de Justicia del estado en Mexicali, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, de la delegación de la CNDH en Tijuana. PBI también se entrevistó con representantes del programa de Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana en Tijuana y del Consulado de Estados Unidos en Tijuana.