México, D.F.- Un equipo de Brigadas Internacionales de Paz (PBI) inició a principios de este año una misión de exploración en México sobre la situación de riesgo de los y las defensoras en nuevos estados, entre ellos Coahuila. El Proyecto visitó las ciudades de Torreón (región de La Laguna) y Saltillo1, donde sostuvo reuniones con organizaciones locales de derechos humanos así como con autoridades estatales. Este proceso responde, entre otros motivos, a las solicitudes de monitoreo de organizaciones y personas defensoras desde diferentes regiones de México.
Coahuila es uno de los seis estados situados en la zona fronteriza con los Estados Unidos. Enmarcado en un contexto de fuerte presencia del crimen organizado, aparece entre las entidades federativas con mayores índices de violencia del país. Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero y Veracruz sumaron en 2011 el 70% de las muertes vinculadas con el crimen organizado, según cifras de la Procuraduría General de la República presentadas en enero de 2012. Con el objetivo de disminuir la violencia en Torreón2 y la región de La Laguna, los gobiernos estatal y federal implementaron el Operativo Laguna Segura.
La realidad de la delincuencia organizada tiene un fuerte impacto para las y los defensores de derechos humanos, en particular sobre aquellos que defienden a los migrantes y a familiares de personas desaparecidas, pues su labor de protección se cruza con intereses del crimen organizado3. El contexto de hostigamientos para frenar la labor de promoción de derechos fundamentales ha puesto a las y los defensores en Coahuila en una situación de continua inseguridad.
El Centro de Derechos Humanos "Juan Gerardi" denunció públicamente la irrupción de miembros de las fuerzas de seguridad en sus oficinas en Torreón, sin orden judicial, el pasado 9 de febrero, y el interrogatorio a dos de sus integrantes sobre las actividades de la organización. En Saltillo, el personal del Albergue Belén Posada del Migrante ha sufrido varios actos de hostigamiento y amenazas en los últimos años, razón por la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas cautelares en 2010. Debido a constantes ataques, casos de acoso y amenazas, los miembros de la Casa del Migrante “Frontera Digna”, en Piedras Negras, cuentan con medidas de protección otorgadas por los tres órdenes del gobierno.
En la zona carbonífera, la Organización Familia Pasta de Conchos también se ha enfrentado a agresiones similares. La zona destaca por los problemas de higiene y seguridad de los trabajadores de las minas, situación que captó la atención pública con el caso Pasta de Conchos4. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó en noviembre de 2011 un Informe Especial sobre las Condiciones de Seguridad e Higiene en la zona carbonífera del Estado de Coahuila, que indica que el trabajo de explotación de las minas no se lleva a cabo de forma digna, ni conforme a lo establecido en la ley y en instrumentos internacionales, además de una falta de acciones eficaces para garantizar la integridad de los mineros.
La búsqueda de los desaparecidos
PBI pudo conocer de primera mano algunas problemáticas en materia de derechos humanos en Coahuila y los obstáculos de las y los defensores del estado. Como resultado de las entrevistas y la información recabada, destacan preocupaciones comunes en la sociedad civil coahuilense. El actual fenómeno de las desapariciones, por ejemplo, ha sido parte de la trágica realidad de los últimos cuatro años. A pesar de la dificultad en precisar el número exacto de desapariciones, estimaciones del gobierno del estado apuntan hacia unas 1600 personas.
El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, reconoció públicamente el problema y su administración aceptó las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. En la actualidad, el gobierno está trabajando en un programa estatal que pretende incluir un protocolo de búsqueda y atención a las familias. También creó recientemente una Subprocuraduría especial para atender casos de desapariciones y, por iniciativa de las familias integradas en Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) y la asesoría de los centros de derechos humanos “Fray Juan de Larios” y “Juan Gerardi”, desde la administración anterior se han llevado a cabo mesas de trabajo entre las familias y el gobierno.
Sin embargo, estas familias organizadas en FUUNDEC han enfrentado enormes dificultades en la búsqueda de sus familiares. FUUNDEC ha sido un importante espacio de unión para las familias en su demanda de justicia: “nos hemos ido haciéndonos más fuertes, por el amor que tenemos hacia nuestros hijos. No queremos que haya una guerra ni que haya más desaparecidos. Nos duele mucho cada vez que se une una familia nueva”. Según las familias, el objetivo es la búsqueda inmediata de los desaparecidos. A pesar de haber logrado una interlocución directa con el ejecutivo estatal, consideran que aún hay importantes vacíos estructurales para que la búsqueda efectiva sea una realidad. Por ejemplo, solo se pueden presentar denuncias después de pasadas 72 horas de la desaparición y no hay formas de actuación específicas según el tiempo de desaparición de la persona. De igual manera, los casos aún no reciben en las primeras instancias de atención un trato especializado acorde con la problemática, algo que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila y la Unidad de Derechos Humanos del ejecutivo del estado reconocen como una debilidad prioritaria que debe ser superada.
Migrantes hacia la frontera
Coahuila es un estado estratégico en la ruta de los migrantes hacia los EEUU, lo que se traduce en la llegada diaria de cientos de centroamericanos en tránsito por México. PBI tuvo la oportunidad de conocer la labor de la Casa del Migrante Saltillo y Albergue Belén Posada del Migrante, en Saltillo, y el Centro de Día Un Paso a la Esperanza, en Torreón. Éste último, que cumplió un año en mayo, surge de la necesidad de brindar asistencia humanitaria a los migrantes, servicio ofrecido anteriormente en las parroquias. El CDH “Juan Gerardi” está muy involucrado en el buen funcionamiento del Centro. Por otra parte, la Casa en Saltillo, además de ofrecer asistencia humanitaria, desempeña un papel esencial en la documentación de las agresiones y abusos sufridos por los migrantes, lo que les ha permitido llevar adelante un trabajo de litigio estratégico poco común en el resto del país.
El Padre Pedro Pantoja, del Albergue Belén Posada del Migrante, uno de los principales defensores de los derechos de los migrantes en Coahuila, explicó a PBI la dificultad de sensibilizar a la sociedad y a las autoridades sobre la dignidad de esta población. La estigmatización no se dirige únicamente contra ellos, si no también hacia quienes defienden sus derechos. Como respuesta a las agresiones a la casa de migrantes en Saltillo, sus integrantes son beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH y de la CNDH. No obstante, han expresado la necesidad de mayor protección para los defensores de los migrantes en general, pues la continuidad del trabajo puede verse afectada por las constantes intimidaciones y ataques.
Protección de los acuíferos
PBI conoció también la labor de defensa ambiental del CDH “Juan Gerardi” y Laguneros Por La Paz en la región de La Laguna, enfocada en promover la sustentabilidad y preservación de los acuíferos laguneros. Explicaron que pretenden concienciar a la población sobre la importancia de sus recursos hídricos y a las industrias sobre el uso consciente del agua y el respeto a los límites legales de extracción. La contaminación del agua por arsénico ha sido uno de las principales consecuencias de la actividad industrial en la región.
PBI agradece la disponibilidad y atención de las y los defensores en las ciudades de Torreón y Saltillo. En especial al CDH “Juan Gerardi”, al CDH “Fray Juan de Larios” y a la Casa del Migrante Saltillo, tres organizaciones referentes en la promoción y defensa de los derechos humanos en Coahuila, así como en el respaldo a la labor de otras organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en la región.
Más información:
Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec)
1 En Torreón PBI se reunió con el Centro de Derechos Humanos "Juan Gerardi", Laguneros Por La Paz, Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos (Ciladhac), Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), académicos de la oficina de derechos humanos de la Universidad IberoAmericana, Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Santa Escolástica (Cedimse), miembros del Centro de Día “Un Paso a la Esperanza” y el párroco de San Judas Padre José María Castillo. En Saltillo, PBI se reunió con el Centro de Derechos Humanos "Fray Juan de Larios, FUUNDEC, la Casa del Migrante Saltillo “Belén Posada del Migrante”, el Padre Pedro Pantoja, Alianza Cívica, Voluntades Por Coahuila y el Obispo de Saltillo Monseñor Raúl Vera. En Saltillo también se realizaron reuniones con la Titular de Derechos Humanos del Ejecutivo del Estado, la Comandancia Regional de la Policía Federal, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
2 Torreón (Coahuila) aparece, según la PGR, como el tercer municipio del país con más muertes causadas por el crimen organizado, detrás de Ciudad Juárez (Chihuahua) y Acapulco (Guerrero).
3 Ver Cuaderno sobre Secuestro de Migrantes de la Casa del Migrante Saltillo
4 “Siniestro ocurrido el 19 de febrero de 2006, en el que murieron 65 trabajadores mineros y 11 resultaron lesionados en la mina de Carbón Pasta de Conchos, ubicada en el ejido Santa María, municipio de San Juan Sabinas, Coahuila”. (CNDH, 2011).