México D.F., 28 de agosto 2014 - En un reporte especial sobre las desapariciones en México, Human Rights Watch (HRW) documentó 249 casos de desaparición concluyendo que 149 de esos casos constituyeron desapariciones forzadas en las cuales tuvieron participación miembros de las fuerzas de seguridad pública”. El informe resalta varios casos de desaparición, entre ellos el caso de Daniel Cantú Iris, de 23 años, desaparecido el 21 de febrero de 2007 en Coahuila, caso documentado por el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, organización acompañada por PBI. Cantú se desempeñaba como ingeniero industrial en un proyecto minero en el poblado de Paredón, en el municipio de Ramos Arizpe. Según el relato ofrecido por su madre a CNN México, la noche anterior a su desaparición, “salió de su casa de Saltillo a un hotel del centro de la ciudad, para entrevistarse con su jefe, Francisco León García”. Daniel dijo que partiría a Paredón con su jefe y el chofer de éste, José Ángel Esparza León. “Normalmente él se comunicaba diario, siempre. Y más cuando estaba fuera de casa”, rememora la madre, quien tres días después de la desaparición se enteró por los trabajadores de la mina que nunca había llegado a su destino. “Sus pertenencias y vehículo seguían en el hotel”. Tanto Daniel Cantú, como su jefe y el chofer de éste se encuentran desaparecidos.
En el estado colindante de Chihuahua el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, organización especializada en casos de tortura y desaparición forzada igualmente acompañada por PBI, lleva el caso de Adrián Favela, un joven mexicano, residente en El Paso, Texas, que el dos de octubre de 2012 fue desaparecido junto a su amigo Adriel Ávila Barrios en Ciudad Juárez por un comando armado que se identificó como agentes de la Policía Ministerial.
Los individuos ingresaron a la fuerza a la casa de su familia en Ciudad Juárez, argumentando “que se lo llevaban para investigarlo por un supuesto secuestro y delito de trata de personas.” Desde entonces sus familias los buscan. Manuel Favela, padre de Adrián, dijo que desde entonces han pasado por un martirio que no le desea ni a su peor enemigo.
Los casos de Daniel Cantú y de Adrián Favela son solamente dos ejemplos de una problemática mucho más amplia y con patrones todavía poco claros.
Las cifras actuales
Hace tan solo unos días, el 21 de agosto de 2014, la Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Mariana Benítez Tiburcio, dio a conocer que en México existen 22,322 personas que se encuentran en condición de “no localizadas”. Según Benítez Tiburcio, 12,532 personas en esta lista provienen de denuncias realizadas durante el gobierno de Calderón y 9,790 de denuncias realizadas durante la administración de Enrique Peña Nieto. Estas declaraciones modifican la última cifra oficial de 26,121 personas publicada por la administración del presidente Peña Nieto relativa al sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, anuncio que había entonces generado fuertes críticas. Amnistía Internacional (AI) había reconocido que “el juntar información de todo el país era un importante primer paso”, pero también puntualizado que “la lista demostraba [...] el fracaso de las autoridades en aplicar una metodología y procedimientos claros para recolectar información confiable a nivel nacional sobre presuntas desapariciones”.
De hecho, en diferentes ocasiones distintas instituciones han reportado cifras disímiles. En mayo de 2014, el Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong, al comparecer ante las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública del Senado de la República, declaró que el número de personas desaparecidas era de aproximadamente 8.000. Dicha cifra contrastaba con las 24,800 personas no localizadas que informó al Senado el Presidente de la CNDH, Raúl Plascencia. Un mes después, sería nuevamente Osorio Chong, quien en conferencia de prensa informaría que la cifra oficial era de aproximadamente 16,000 personas y no 8,000 como había informado anteriormente. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil como el Comité Cerezo estiman que en México existen al menos 30,000 personas desaparecidas.
Por otro lado, la discrepancia de cifras se extiende también a los diferentes estados de México. La CNDH, por ejemplo, reportó que “los tres estados con más casos son Guanajuato (nueve mil 146), México (dos mil 915) y Michoacán (dos mil 703)”, mientras que para el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) “son el Distrito Federal (seis mil 481), [ el Estado de] México (dos mil 982) y Tamaulipas (dos mil 702)”.
Según The Economist, “poco se sabe sobre a quienes incluyen las cifras del gobierno, de donde son, que método se utilizó o si los desaparecidos [en la lista] fueron secuestrados por el crimen organizado, la policía o una combinación de ambos”. Por otra parte, la nueva cifra oficial consiste en personas para quienes se ha realizado una denuncia formal ante un ministerio público. Sin embargo, es importante considerar que muchos familiares de personas desaparecidas en México no han realizado denuncia por desconfianza al sistema penal o a las autoridades encargadas de investigar. Asimismo, existen familiares de personas desaparecidas que han sido amenazados o agredidos para que no presenten una denuncia.
Los grupos más vulnerables
El fenómeno en México tampoco es fácil de entender con claridad. Durante el Foro Internacional de Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México, organizado en Coahuila en junio de 2013, Roberto Garretón, experto en desapariciones y abogado de derechos humanos chileno, declaró que “lo que ocurre en México es distinto a lo que hemos visto en América Latina, donde en países como Chile es más fácil identificar a las víctimas y victimarios porque se trató de una represión del Estado contra opositores políticos y los patrones eran muy claros. Aquí no se sabe quiénes son y la participación de los funcionarios públicos no es orgánica".
Por su vez, en su informe anual 2014, la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada informó de 30 casos de presunta desaparición forzada por motivos políticos, ocurridos en los primeros 17 meses de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
De igual manera, algunas organizaciones mexicanas dicen que el fenómeno es sistemático y una forma de controlar el activismo político, otras consideran que el contexto desatado por el inicio de la “guerra contra el narcotráfico” es uno de los factores agravantes principales de las desapariciones. En un informe en 2013, la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada informó que: “[a] diferencia de lo que se vivió en nuestro país en los años de la llamada Guerra Sucia en que las desapariciones se cometían con motivos políticos, hoy en día éstas no son sólo en contra de líderes sociales y activistas políticos o contra grupos insurgentes, sino que se extiende a amplios sectores de la población”.
Asimismo, se observa como existen grupos de personas mayormente expuestos a la desaparición, como son los casos de mujeres víctimas de trata de personas y de las personas migrantes que cruzan el territorio mexicano en tránsito a Estados Unidos.
En ese sentido, en diciembre de 2013, “el Instituto Nacional de Migración (INM) reconoció haber recibido reportes por la desaparición de 1,681 personas migrantes desaparecidas en el territorio [mexicano]”, mientras organizaciones de madres de migrantes centroamericanos, han estimado el número de migrantes extranjeros desaparecidos en aproximadamente 70,000.
Aunque no existan datos oficiales confiables sobre el número de migrantes centroamericanos desaparecidos en México, existen registros de incidentes de secuestros de migrantes por parte del crimen organizado, como fue el caso documentado por la Casa del Migrante de Saltillo – acompañada por PBI desde 2014 – de 23 migrantes centroamericanos indocumentados que fueron secuestrados mientras viajaban en un tren por el estado de Coahuila. Según HRW, hombres armados presuntamente ordenaron la detención del tren y forzaron a los migrantes a subir a camionetas estacionadas al costado del tren. Sobrevivientes del incidente presentaron denuncias judiciales, desencadenando procesos que presentaron serias irregularidades.
La herida abierta de la guerra sucia
La desaparición en México, particularmente la desaparición forzada (por agentes del estado), ha sido un fenómeno presente en su historia reciente. En el periodo de la Guerra Sucia, el gobierno actuó violenta y decisivamente contra activistas, líderes comunitarios y presuntos miembros de grupos insurgentes en varios estados de México. En la actualidad, aún existen más de 700 casos no resueltos de este periodo.
Uno de los casos más paradigmáticos es el caso de Rosendo Radilla Pacheco, quién fue desaparecido en un retén militar el 25 de agosto de 1974 en el estado de Guerrero; hecho por el cual el Estado Mexicano ha sido declarado responsable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A pesar de contar con una sentencia internacional, tras cuarenta años, todavía se desconoce su paradero. PBI ha acompañado a Tita Radilla, su hija, y a los integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM) desde 2003 en el proceso de búsqueda de verdad, justicia y reparación.
Muchos de los retos perduran desde el periodo de la Guerra Sucia hasta hoy.
Impunidad y falta de acceso a la justicia
De hecho, en mayo de 2013, Ricardo García Cervantes, ex Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, expresó “que en México hay una grave crisis humanitaria por la violencia inédita; las instituciones se encuentran claramente debilitadas y carentes de todas las capacidades que el momento demanda, y sólo encontrarán la fuerza e impulso que hace falta en la participación de la sociedad (...) México atraviesa un momento inédito de desgaste institucional; veo a las instituciones debilitadas y en muchos casos incapaces de alcanzar lo que la Constitución les exige”.
Las dificultades que enfrentan los familiares de personas desaparecidas ilustran perfectamente la problemática descrita por García Cervantes. Con demasiada frecuencia, los familiares de las víctimas enfrentan obstáculos que, además de ponerlos en riesgo, entorpecen su derecho a acceder a la justicia y la verdad sobre lo ocurrido a sus familiares. Según una investigación y reporte de Amnistía Internacional, “[en] la mayoría de los estados se ha impedido a muchos familiares de víctimas, al menos inicialmente, interponer una denuncia formal por desaparición forzada, secuestro o privación ilegal de la libertad al acudir a las autoridades para comunicar la desaparición de su ser querido. Según el análisis hecho por un periódico nacional, de las 26.121 denuncias de personas desaparecidas o no localizadas, en el 40 por ciento de los casos no se habían iniciado investigaciones penales”.
Por su parte, HRW, en un reporte del 2013, informó que su investigación demuestra “que es habitual que las autoridades no respondan de manera oportuna cuando las víctimas, sus familiares o testigos denuncian las privaciones ilegales de la libertad [... y] son pocos los casos en que los agentes del Ministerio Público y funcionarios de seguridad pública actúan inmediatamente para buscar a la víctima o los responsables. [N]o se localizan los teléfonos celulares de las víctimas ni se controlan los movimientos en sus cuentas bancarias, no se obtienen las grabaciones de cámaras de seguridad (que suelen ser borradas automáticamente después de un cierto tiempo) [. E]s común que agentes del Ministerio Público y funcionarios de seguridad pública indiquen equivocadamente a los familiares que, por ley, deben esperar varios días para presentar una denuncia formal, y les aconsejan que ellos mismos busquen a la persona desaparecida en dependencias policiales y bases militares, lo cual supone un riesgo para la familia. [...] Estas demoras y omisiones injustificadas provocan la pérdida irreversible de información que podría haber salvado la vida de las víctimas y ayudado a ubicar a los responsables”.
En este contexto, muchos familiares asumen la responsabilidad de buscar la verdad sobre el destino de sus familiares, una búsqueda incansable que los expone a estigma social y riesgos para su seguridad personal además de implicar una considerable inversión de tiempo y recursos para financiar viajes y diligencias que deben realizar para hacer avanzar las investigaciones. Esto tiene un costo importante para las familias – generalmente madres, esposas y hermanas – ya que por lo general, las personas desaparecidas tienden a ser quienes proveían a la familia con una fracción importante de sus recursos económicos.
Los familiares unen esfuerzos
Para contrarrestar las dificultades que han enfrentado, los familiares de personas desaparecidas han dado forma a nuevas organizaciones que canalizan las peticiones de los familiares y buscan que las autoridades hagan efectiva la búsqueda e investigación de los casos de sus seres queridos. Una de estas organizaciones es Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila (FUUNDEC).
FUUNDEC nace en un contexto donde asesinatos y desapariciones eran parte de la vida cotidiana en Coahuila. A finales de 2009, los familiares de personas desaparecidas comenzaron a llegar al Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios (CDDHFJdL), donde se reúnen varias familias en la misma situación. En diciembre del mismo año, 14 familias buscando a 21 personas desaparecidas deciden realizar sus primeras acciones conjuntas, siendo acompañadas y asesoradas por el CDDHFJdL.
FUUNDEC inició un diálogo directo y colaborativo con el Gobierno del Coahuila que, con el paso del tiempo, ha permitido que se concreten importantes avances en Coahuila. Entre estos avances se cuentan la instalación de mesas de revisión de casos con autoridades políticas y judiciales del gobierno del estado, la promulgación “Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas”, la cual, entre otros aspectos, garantiza y asegura la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida, la conservación del patrimonio de la persona desaparecida en relación con los hijos menores, la protección del patrimonio de la persona desaparecida, y la protección de los derechos de la familia y de los hijos menores a percibir los salarios y prestaciones de las personas desaparecidas y sus familias. Aunque los avances en las investigaciones sigan siendo limitados, este diálogo posibilita un proceso de rendición de cuentas que fortalece la institucionalidad de las dependencias públicas.
Las demandas de FUUNDEC fueron encontrando eco en otras familias a nivel nacional. En 2011 como parte de su trabajo lograron realizar una reunión con los titulares de la Secretaria de Gobernación y la Procuraduría General de la República a la que FUUNDEC convocó a familias con personas desaparecidas en otros estados. De esa reunión nació Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de México (FUNDEM) que acogió a las familias con desaparecidos de otras entidades federativas. La creciente importancia de esta organización a nivel nacional recibió un fuerte reconocimiento y apoyo. De hecho, recientemente recibieron el Premio de Derechos Humanos Tata Vasco, otorgado por la Universidad Iberoamericana en Puebla.
Cerrando la brecha: de la violencia y la impunidad a la justicia y la paz
El fenómeno de las desapariciones forzadas e involuntarias que enfrenta México en la actualidad constituye una de las crisis humanitarias más importantes de América Latina, superando con creces el número de desapariciones ocurridas durante algunas de las dictaduras más emblemáticas del continente, como fueron las de Brasil y Chile.
Para responder apropiadamente a ésta crisis, es menester que el gobierno mexicano, desde sus máximas autoridades, implemente las recomendaciones emanadas del Examen Periódico Universal (EPU) realizado por los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GDTDFI).
En relación a las desapariciones, algunos de los compromisos que asumió el gobierno mexicano al aceptar las recomendaciones realizadas por los miembros del Consejo de Derechos Humanos en el Examen Periódico Universal, incluyen las recomendaciones de:
148.5 Reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), asegurar la incorporación de la Convención al marco jurídico nacional y crear un registro oficial de personas desaparecidas (Francia)/Reconocer la competencia del CED de conformidad con los artículos 31 y 32 (Uruguay)/Aceptar la competencia del CED para recibir peticiones individuales (España) [esta aceptada parcialmente, según el Gobierno Mexicano porque las peticiones individuales ya se reciben en sistema interamericano];
148.15 Agilizar las gestiones con las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos del Senado con miras a la pronta adopción de la reforma para armonizar la definición del delito de desaparición forzada con los estándares establecidos por la Convención Internacional en la materia, de conformidad con lo expuesto en el párrafo 86 del informe (Chile);
148.54 Elaborar un protocolo nacional para la búsqueda de personas cuya desaparición se haya denunciado e investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos y garantizar que los responsables sean enjuiciados y las víctimas obtengan reparación (Irán (República Islámica del);
148.55 Adoptar medidas institucionales y jurídicas adecuadas para dar una respuesta eficaz al problema de las desapariciones forzadas y los homicidios internacionales impunes (Uzbekistán);
148.56 Aplicar las recomendaciones pendientes que figuran en el informe de diciembre de 2011 del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (Irlanda);
148.57 Realizar una investigación a fondo y sistemática de todas las denuncias de desapariciones forzadas, enjuiciar a los responsables y garantizar que todas las víctimas obtengan reparación, en particular las familias de las personas desaparecidas (Suiza);
148.58 Crear una base de datos de migrantes desaparecidos, y promover la cooperación de todas las autoridades para prevenir y sancionar los delitos contra este grupo (Noruega);
148.59 Redoblar sus esfuerzos en la lucha contra las desapariciones forzadas (Argentina)/Seguir adoptando medidas para abordar de forma efectiva el fenómeno de la desaparición forzada (España);
148.95 Fortalecer el sistema de justicia penal en el país, para investigar con prontitud y eficacia todos los supuestos casos de desapariciones forzadas, el uso desproporcionado de la fuerza, los ataques, las amenazas y el acoso contra defensores de los derechos humanos, y asegurar que los responsables sean enjuiciados y que las víctimas obtengan reparación (Azerbaiyán);
Las autoridades mexicanas tienen el deber de proteger a los defensores y defensoras de derechos humamos como son todos los y las que batallan para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de las personas desaparecidas y de sus familias. Los y las familiares que buscan sus entes queridos, tal como sucede con los miembros de organizaciones sociales que los acompañan, son a menudo víctimas de agresiones tanto físicas como psicológicas.
Por todo ello, PBI se hace eco de estas recomendaciones e insta al Estado Mexicano a reconocer la dimensión de la problemática y proceder a la creación de un registro nacional de personas desaparecidas. De igual modo, PBI considera fundamental y llama a que se garantice una efectiva coordinación entre autoridades federales y de estas con las entidades federativas para tanto las investigaciones sean eficaces como la asistencia a los familiares de personas desaparecidas sea adecuada.
La implementación de las recomendaciones mencionadas anteriormente, así como de otras que México se comprometió a implementar, significará un gran avance para las miles de familias que hoy buscan la verdad sobre el paradero de sus seres queridos. Asimismo, la implementación de las recomendaciones de la comunidad internacional contribuirán de sobremanera a terminar con la impunidad que ha caracterizado a los casos de desaparición. Finalmente, al implementarse dichas recomendaciones, México cumplirá con el deber de reparar, en línea con lo establecido en convenios y tratados internacionales, los daños y perjuicios causados a las miles de víctimas y familiares que hoy anhelan justicia.
* Este artículo fue publicado en el marco del día internacional de las víctimas de desaparición forzada
