Situación en Guerrero

PBI expresa su profunda preocupación por la seguridad del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan acompañado desde el 2003, y de las otras organizaciones y personas defensoras, en particular la Red Guerrerense de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos y el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, que acompañan los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Brugos” de Ayotzinapa y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26-27 de septiembre del 2014.

Los acompañados de PBI han alertado de dos sucesos que difaman y desacreditan el trabajo de estos colectivos en Guerrero. Por un lado el Gobernador de Guerrero hizo declaraciones que descalifican la labor del CDHM Tlachinollan. Por otro lado, se ha filtrado en ciertos medios de comunicación un presunto informe de inteligencia del gobierno mexicano que acusa al Secretario Técnico de la Red Guerrerense de estar vinculado con un grupo guerrillero. Tal como lo afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “los funcionarios públicos deben de abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen a defensores y defensoras o que sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción y defensa de los derechos humanos”1.

Cabe destacar que estas tres organizaciones han sido el blanco en el pasado de amenazas y hostigamientos sobre los cuales PBI ya había alertado. Es especialmente preocupante la situación de Vidulfo Rosales, abogado y coordinador del área Jurídica de Tlachinollan que asesora actualmente los familiares, que en 2012 tuvo incluso que salir temporalmente del país tras amenazas ligadas a su defensa de la misma Normal Rural de Ayotzinapa derivada de violaciones de derechos humanos cometidas en contra de los estudiantes en 2011.

En paralelo, PBI observa con preocupación las nuevas presuntas detenciones arbitrarias efectuadas en el marco de las protestas por el caso Ayotzinapa en el Distrito Federal y documentadas por el Comité Cerezo, organización acompañada por PBI desde el 2001. En mayo, PBI habia observado un creciente patrón de restringir el derecho a la protesta y la libertad de expresión en México. PBI insta al Gobierno Mexicano a garantizar y proteger los derechos a la protesta social, a la reunión y a la libertad de expresión reconocidos a nivel internacional y nacional. Asimismo, PBI llama al Gobierno Mexicano a reconocer, proteger y promover la labor de las personas defensoras de derechos humanos que acompañan directamente o indirectamente los hechos sucedidos en Iguala a finales de septiembre y la exigencia de justicia expresada tanto por los familiares de las víctimas directas como por la sociedad mexicana en general. PBI reitera igualmente la obligación internacional del Estado Mexicano de llevar a cabo investigaciones plenas e imparciales acordes con los estándares internacionales para dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos y asegurar que los responsables de estos hechos sean procesados ante el sistema de justicia Mexicano.

Para más información sobre las difamaciones contra el CDHM Tlachinollan, la Red Guerrerense y el CDH Morelos y Pavón: bit.ly/1zH7Dic

Situación en Oaxaca

Entre el 2 y el 5 de noviembre PBI México acompañó al Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código-DH) al Istmo de Tehuantepec y observó una de las fases de consulta para el desarrollo del proyecto eólico de Eólicos del Sur (antes Mareña Renovables) en la comunidad zapoteca de Juchitán, Oaxaca. En cuanto PBI se retiró de la zona varios miembros de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) reportaron haber sido hostigados y amenazados de muerte. PBI expresa preocupación ante estos incidentes de seguridad que obstaculizan la consulta y llama a las autoridades Mexicanas a asegurar la integridad física y psicológica de las personas defensoras que acompañan al proceso.

Cabe destacar que según Código-DH, el proyecto Mareña Renovables debía implantarse previamente en la comunidad Ikjoot de San Dionisio del Mar. Tras la comunidad conseguir un amparo agrario, el proyecto ha tenido que desplazarse y pretende ahora construirse en Juchitán, comunidad dónde se ha ya gestado un conflicto comunitario por la construcción de un proyecto eólico desarrollado por la empresa Gas Natural Fenosa. En Juchitán, personas que han cuestionado al proyecto o se han expresado en su contra así cómo aquellas que han defendido los derechos individuales y comunitarios ante la entrada del megaproyecto, en particular miembros de la APPJ, de la Radio comunitaria Totopo y de Código-DH han reportado en varias ocasiones haber sido blanco de hostigamientos, amenazas y agresiones. En julio de este año, PBI alertó sobre el riesgo enfrentado por las personas defensoras que acompañan este proceso y en especial sobre amenazas telefónicas recibidas por Codigo-DH, acompañada por PBI desde 2009. Amnistía Internacional ha también publicado repetidamente acciones urgentes sobre su situación. El proceso de consulta actual es uno de los primeros que se dan en el Istmo de Tehuantepec en torno a la construccion de un parque eólico. Para que sea legítimo y acorde a los estándares internacionales es fundamental que se asegure la integridad física y psicológica de los defensores que participan.

Para más información ver el comunicado conjunto de ProDesc AC, Código-DH y PODER: bit.ly/13NgmCd, la acción urgente de Código-DH: bit.ly/1yrbUSM y el informe de Código-DH, ProDesc y PODER sobre la misión de observación de la primera semana de consulta en Juchitan: http://bit.ly/1wqSRpt

1 CIDH, Segundo Informe sobre la situación de defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas, 2011, OEA/Ser.L/V/II. Doc.66, para.124