México D.F., 13 de septiembre de 2013. Las y los defensores de derechos humanos en Oaxaca se han enfrentado a graves riesgos. Son especialmente vulnerables los defensores comunitarios que demandan respeto a sus derechos indígenas y comunitarios y reclaman el derecho a la información y consulta previa, libre e informada ante la aparente imposición de megaproyectos, en particular de proyectos eólicos e industria extractiva de recursos naturales.

Es motivo de preocupación que, en los últimos meses, se hayan registrado de forma alarmante ataques e incluso asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Los ataques que han sido denunciados corresponden desde amenazas de muerte, detenciones arbitrarias, allanamiento de oficinas y robo de información hasta la privación de la vida a varios activistas de derechos humanos y un periodista.

Alba Cruz Ramos, abogada del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos “Gobixha” (Código DH) y defensora acompañada por PBI, fue víctima de amenazas mediante mensaje de texto a su celular en abril de 2013. Poco antes, en el mismo mes, su oficina en Oaxaca fue allanada y se sustrajeron archivos y expedientes de casos relacionados con los procesos sobre comunidades afectadas por megaproyectos que Código DH acompaña en el Istmo de Tehuantepec. En mayo de 2013, Susana Ramírez, integrante de Código DH, fue detenida por la Policía Municipal de Oaxaca y retenida por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Oaxaca por más de 34 horas sin cargos.

En el mismo contexto, las y los defensores comunitarios de la región del Istmo de Tehuantepec han denunciado en abril de 2013 el arresto de Mariano López Gómez (vocero de la Asamblea Popular del Pueblo de Juchitán -APPJ-) por parte de la Policía Estatal acusándolo de extorsión y que posteriormente fue puesto en libertad por no proceder el juicio. En julio de 2013, miembros de la APPJ sufrieron actos de intimidación y hostigamiento tras una protesta frente al Ministerio Público de Juchitán y pocos días después, Héctor Regalado Jímenez, miembro de la misma Asamblea, fue asesinado y otros dos simpatizantes fueron heridos de bala. Recientemente, el 25 de Agosto de 2013, se produjo una balacera contra miembros de la Asamblea. La defensora Sara López denunció haber sido agredida físicamente con arma blanca. Estos hechos se registraron ante la Fiscalía de Investigación de Delitos de Trascendencia Social (FIDTS) de Oaxaca.

Miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), opositores a la mina de oro en San José del Progreso, también recibieron en mayo de 2013 nuevas amenazas de muerte. En julio de 2013, Herón Sixto López, del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, fue desaparecido y encontrado cinco días después asesinado. Previamente, el Sr. López había denunciado ante las autoridades hostigamiento y amenazas de que lo iban a desaparecer.

El contexto violento que aquí se describe pone de manifiesto el alto riesgo que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos y en especial los defensores/as comunitarios que reivindican los derechos de los pueblos indígenas y la defensa de la tierra y el territorio.

Cabe destacar también los riesgos que los periodistas están enfrentando en Oaxaca. En julio de 2013, fue asesinado Alberto López Bello, periodista del Imparcial. Pedro Matías, del semanario Proceso y miembro del Consejo del Centro de Derechos Humanos Bartolmé Carrasco (Barca DH) y del Consejo Ciudadano de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), recibió amenazas en dos ocasiones (abril y julio de 2013).

Esta ola de agresiones, la impunidad en la cuál se enmarcan estos crímenes, y la falta de implementación cabal de medidas de protección, significan que actualmente en el estado de Oaxaca no existen las condiciones de seguridad necesarias para que las y los defensores puedan defender los derechos humanos sin temer por su vida.

Alba Cruz Ramos es beneficiaria de medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el caso de algunos defensores comunitarios de las Asambleas del Istmo de Tehuantepec, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) dictó medidas de protección en su favor.