México, D.F. - 25 de junio 2013. Un año después de la publicación de la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Mecanismo de Protección creado por la misma aún carece de personal, recursos y respaldo político, según organizaciones de la sociedad civil mexicana.
En una carta enviada hoy al Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong, el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (“Espacio OSC”), quiénes han empujado la creación de un mecanismo de protección gubernamental desde 2010, evidencian una entidad fallando, y demandan que Chong reconozca públicamente los riesgos que enfrentan activistas y periodistas y que asegure que el Mecanismo reciba el apoyo institucional necesario desde los más altos niveles de gobierno para coadyuvar con los esfuerzos de su personal operativo. El Espacio OSC también hoy entregó a la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lia Limón, un diagnóstico sobre el Mecanismo, basado en su propia experiencia accediendo al mismo y con la esperanza de que el Gobierno responda a sus preocupaciones y realice lo necesario para garantizar su funcionalidad.
En 2011 hubo al menos 209 violaciones de derechos humanos cometidas en contra de personas defensoras de derechos humanos; los riesgos relacionados a la denuncia de los abusos no han demostrado señales de mejoras desde el cambio de administración en diciembre del año pasado: en los primeros 100 días de gobierno de Enrique Peña Nieto, fueron registradas 37 agresiones en contra de personas defensoras y 56 en contra de periodistas, incluyendo un asesinato. Desde entonces, por lo menos un periodista ha perdido su vida y otros permanecen desaparecidos.
Durante el lanzamiento del video de PBI “El Deber de Proteger” en Diciembre pasado, la Subsecretaria Lia Limón se comprometió con el fortalecimiento del Mecanismo, mientras el Coordinador Ejecutivo del Mecanismo, Juan Carlos Gutiérrez, ha mantenido un constante diálogo con la sociedad civil en relación a la implementación de la institución que dirige. Sin embargo, quiénes han acompañado casos en el Mecanismo reclaman que los largos procesos y los análisis de riesgo pobres han dejado las víctimas expuestas a mayores riesgos. El Mecanismo figura tanto en el Pacto por México como en el Plan de Desarrollo Nacional, no obstante, ni Peña Nieto ni Osorio Chong se han manifestado públicamente sobre su importancia.
Aquellas organizaciones que impulsaron la aprobación de la Ley insisten que, con un mayor respaldo político de ambos, se puede lograr avances con mayor rapidez. Daniel Joloy, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de lo Derechos Humanos y representante del Espacio OSC dijo a PBI que “la ley tiene el potencial de brindar mayor seguridad a nuestros colegas. Pero es imposible que funcione si apenas seis de las veinte personas requeridas han sido contratadas por Segob y si el Fideicomiso para las Medidas de Protección no se ha liberado. Nos queda claro que se están llevando a cabo esfuerzos para que el Mecanismo funcione, pero hace falta un respaldo político institucional y que sea una prioridad para la Secretaría de Gobernación”.
El diseño de la ley, aprobada el año pasado por unanimidad en ambas cámaras del Congreso Mexicano, reflejan las mejores prácticas a nivel internacional, con integrantes del Espacio OSC y senadores de los tres principales partidos uniendo esfuerzos para asegurar una base legal clara para la protección de ambas poblaciones en riesgo, poblaciones cuya seguridad y participación son vitales para el desarrollo democrático de México.
Uno de los principales elementos de la ley es la participación garantizada de la sociedad civil en la Junta de Gobierno del Mecanismo y la conformación de un Consejo Consultivo compuesto por periodistas, personas defensoras y académicos/as. El Consejo Consultivo recientemente solicitó una audiencia con Osorio Chong, lo que proporciona a la administración de Peña Nieto la oportunidad perfecta para responder a las preocupaciones de la sociedad civil y comprometerse al fortalecimiento del Mecanismo.
De acuerdo a estadísticas de la Secretaría de Gobernación, el Mecanismo ha recibido 64 solicitudes, 19 de las cuáles fueron aceptadas como “procesos extraordinarios”, requiriendo implementación de medidas urgentes de protección en un plazo máximo de 12 horas. Sin embargo, la mayoría de los puestos operativos del Mecanismo no han sido ocupados con el personal necesario y el Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo del Mecanismo aún no es operacional, mientras las organizaciones de la sociedad civil han reclamado también de una falta de coordinación entre autoridades de los niveles federal y estatal en lo que respeta la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
PBI cree que el Mecanismo de Protección representa una oportunidad crucial para proporcionar protección efectiva a personas defensoras de derechos humanos - actores fundamentales para el fortalecimiento de la transición democrática en México. PBI felicita el compromiso público que han hecho Lia Limón y Juan Carlos Gutiérrez con el fortalecimiento del Mecanismo y aprecia los importantes pasos que han tomado en dirección a su implementación. No obstante, es evidente que todavía hay mucho por hacerse. PBI insta a Miguel Osorio Chong a reunirse con el Consejo Consultivo del Mecanismo y a comprometerse públicamente con la íntegra y rápida implementación de la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. PBI espera que la Secretaría de Gobernación estudie el diagnóstico producido por la sociedad civil y apoye al personal operativo del Mecanismo en la implementación de sus recomendaciones.
Organizaciones internacionales, entre ellas PBI, firmaron una carta urgiendo al Estado mexicano la efectiva implementación del Mecanismo.
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