Convencido de que la defensa de los derechos humanos es una "labor de alto riesgo" en el mundo, el abogado colombiano Jorge Eliécer Molano cree que para asumir este trabajo el primer elemento es "renunciar a tus derechos" ya que se vive en una "persecución y ataque permanente".

Molano se encuentra en Madrid para participar hoy y mañana en el seminario "Una profesión amenazada: el ejercicio de la defensa en el mundo", organizado por la Asociación Libre de Abogados.

En una entrevista con Efe, el abogado colombiano, vinculado a la defensa de los derechos humanos desde hace dos décadas en su país, calificó de "dramática" la situación de estos trabajadores.

Aseguró que en el último año se ha "deteriorado" e informó de que entre el 1 de junio y el 15 de octubre de 2010 las agresiones a defensores de derechos humanos ascendió a 103, de las cuales un total de 32 fueron asesinatos.

Desde la década de los 80 hasta la actualidad, continuó, ha habido un hecho reiterativo: "Considerar el trabajo de los abogados como una labor de guerra jurídica contra el Estado y las fuerzas militares, donde el abogado es considerado como parte de un enemigo que debe ser destruido por parte de la fuerza pública".

Molano ha sido representante de víctimas de crímenes de Estado en casos conocidos mundialmente como el de los desaparecidos del Palacio de Justicia, en el que se obtuvo la condena de un alto mando militar tras más de veinte años de impunidad.

Amenazado de muerte en 2009 y 2010 por defender a sindicalistas y activistas sociales, así como en la acusación de mandos militares responsables de masacres contra campesinos, explicó que el Gobierno colombiano le puso escolta debido a su "situación de riesgo".

Sin embargo, le informó de que su familia no tenía derecho a protección, por lo que Molano decidió sacar a sus hijas del país.

"Trabajamos a pesar del miedo", dijo, antes de señalar que su formador, el abogado Eduardo Umaña Mendoza, asesinado por sicarios en 1998, decía: "Más vale morir por algo que vivir por nada".

Por ello, aseguró que siempre ha creído que "es mejor morir en Colombia que morir en vida fuera". "El exilio es una forma de muerte, porque te aleja del entorno cultural, social, laboral, afectivo, es como un proceso de extirpación".

Para Molano, la llegada de Juan Manuel Santos al Gobierno es "algo positivo" desde el punto de vista que "no va a seguir diciendo que los defensores de los derechos humanos son terroristas". "Eso es un buen síntoma, pero hay otros que no le ayudan y que no se entienden", precisó.

Se refirió al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), nombre oficial de la inteligencia en Colombia, al que calificó de "empresa criminal" en la que "estuvieron vinculados cuatro de los cuatro directores" que nombró el ex presidente Álvaro Uribe.

"Uno se pregunta si el presidente Uribe era gerente de la empresa criminal o fue un estúpido durante ocho años para no darse cuenta de que sus cuatro subordinados hacían cosas sin que él se diera cuenta", subrayó Molano.

Citó así el escándalo de las escuchas ilegales del DAS a periodistas, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, opositores y activistas de derechos humanos, ordenadas por funcionarios cercanos a Uribe como su secretario general, Bernardo Moreno, sancionado por la Procuraduría a 18 años por ese caso.

Expresó su preocupación por el hecho de que Santos ratificara en agosto a Felipe Muñoz en la dirección del DAS.

"Si Santos quiere cambiar, ¿por qué mantiene a Muñoz en el cargo. Deja dudas de la voluntad de generar cambios", apostilló.

También dijo que "personas señaladas de tener fuertes vínculos con el paramilitarismo continúan dentro del actual Gobierno".

En este sentido, apuntó que es "inconcebible" que Santos mantenga a Mario Montoya, ex jefe del Ejército de Colombia, como embajador en República Dominicana y Haití cuando "está señalado por haber participado en la masacre" de San José de Apartadó.

Para Molano, es necesaria la implicación de la comunidad internacional, que "debería pedir explicaciones más claras en relación con el DAS".

Sí citó algunas iniciativas positivas de Santos como la Ley de Víctimas y la restitución de las tierras a los desplazados, aunque lamentó que "quienes hoy empiezan a dar la lucha por esa devolución estén siendo asesinados".

Reconoció que las FARC sufrieron un "debilitamiento" durante el Gobierno de Uribe y consideró que es necesario un "mecanismo para restablecer la libertad de las personas secuestradas, una medida urgente que podría ser un signo positivo en la perspectiva de la solución a largo plazo del conflicto armado".

Por ello, vio necesario que la comunidad internacional "obligue y presione a las partes a sentarse". "Colombia ya no soporta más derramamiento de sangre", precisó.