La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa su profunda preocupación por las interceptaciones de comunicaciones y seguimientos ilegales realizados por organismos de inteligencia, como el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), contra magistrados, defensores de derechos humanos, representantes de partidos políticos y periodistas, entre otros.

La Oficina recuerda que el secreto de las comunicaciones es un derecho individual, constitucional reconocido, que garantiza un espacio inviolable de libertad y privacidad. La interceptación de las comunicaciones únicamente puede ser aceptable de forma excepcional, previa orden judicial y siguiendo las formalidades establecidas por la ley. De otra manera, los derechos a la intimidad personal y familiar, y al buen nombre son violados.

En varios de sus informes sobre Colombia la Alta Comisionada ha recomendado al Estado “…fortalecer las investigaciones y el control disciplinario para mejorar la protección de los defensores de derechos humanos…”, incluidos los casos de estigmatización de su labor. También ha recomendado hacer una revisión de los archivos de inteligencia con el fin de examinar “…la veracidad e imparcialidad de la información contenida en tales archivos y de excluir –de éstos- datos erróneos o tendenciosos …”.

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